Juan Pablo Aguilera, presidente regional de la Asociación de Fiscales, explica que existe «preocupación» y que el anuncio del gobierno «es un contrasentido».
Polémica ha causado el recorte de más de siete mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio Público. En el parlamento reprocharon la medida adoptada por el gobierno, también al interior de la entidad persecutora, donde la molestia es evidente.
En Coquimbo, reconoce Juan Pablo Aguilera, presidente regional de la Asociación de Fiscales, gremio que agrupa a más del 90% de los fiscales del país, existe preocupación, pese que el Ejecutivo explicó que forma parte de una reducción anunciada hace algunas semanas, como «resultado de una negociación al alero de la Ley de Presupuestos. Son 600 mil millones que se recortan de manera transversal en los organismos del Estado».
«Diría que hay harta preocupación al interior de la institución y en particular de los fiscales, porque es un recorte bastante importante para la labor de la Fiscalía en general y de los fiscales en particular», cuenta Aguilera.
Esto, porque «sí o sí afectará» la tramitación de las causas, «que es lo que nos preocupa, porque además tiene que ver con el recorte que está destinado, por ejemplo, al pago de pericias privadas o prestaciones que se hacen a las víctimas, o reemplazo de fiscales cuando estos no estén por alguna razón en particular, como vacaciones…».
Pese a la molestia, entre ellos la del persecutor nacional Ángel Valencia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó este lunes que, pese al recorte, de todas maneras ampliarán el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
Es ahí la incongruencia, «y esperamos que esto se revierta, pues en general por lo que he leído y lo que he escuchado de parlamentarios y de actores políticos, miran con bastante preocupación esta situación, porque efectivamente parece contradictorio que por un lado se pida mayor persecución y por otro lado se quiten recursos».
Recorte importante
Las dudas están en que lejos de disminuir presupuesto, las policías, el sistema de inteligencia y, además, el Ministerio Público, «deben ser reforzados», apunta.
Agrega que además tiene que ver con el personal de apoyo, porque si no están los fondos para pagar ese personal, esa labor tiene que realizarse igual, «y eso significa que se reparte en menos personas, cuando la demanda de la ciudadanía es mayor seguridad, y en esa misma línea mayor actividad de la fiscalía como institución».
Reitera que es un recorte «más o menos importante para la institución», y si bien desconoce si es el más grande hasta ahora, «es importante, teniendo presente que hoy la ciudadanía nos exige más que antes. Es un contrasentido, porque por un lado se nos exige, y evidentemente tenemos que responder, pero, por otro lado, se nos recortan recursos que son importantes y que están destinados a cuestiones que son sensibles».
RESTRICCIONES
Desde el punto de vista institucional se están haciendo las gestiones, y ellos como asociación están viendo qué pasos van a seguir, «porque evidentemente, si no hay una solución vamos a tener que reunirnos, porque debe tomarse una reconsideración del ejecutivo. Y se entiende que hay que hacer ajustes, y eso en general la administración pública lo entiende, pero se tiene que focalizar lo importante y lo que se puede restringir, se tendrá que restringir, me imagino yo. Creo que se puede reestructurar esto de tal manera que no signifique una merma relevante en lo que es el principal objetivo de la Fiscalía, que es realizar la persecución penal y obtener condena».
Ante la ola de cuestionamientos que esto ha generado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció este miércoles que se reunirá justamente con el Ministerio Público para abordar la situación, subrayando que «la disciplina fiscal no es fácil».