En una histórica audiencia, la abogada integró el equipo de defensa internacional en el “Caso HOVT”, representando a una familia que sufrió décadas de persecución, torturas y ejecuciones tras denunciar acoso sexual policial.
Por René Martínez Rojas
La justicia internacional puso su mirada esta semana en un cruento caso de persecución estatal en Guatemala, y en el centro de la estrategia estuvo una representante de la Región de Coquimbo.
Sí, porque Inés Rojas, defensora regional y actual defensora pública interamericana titular, compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Panamá para litigar en el denominado Caso HOVT versus Guatemala.
La instancia judicial, de alta complejidad técnica, reunió a los magistrados del tribunal regional con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado guatemalteco y el equipo de defensa de las víctimas, el cual fue integrado por Rojas junto a juristas de México y el país centroamericano.
El origen del horror
El caso que hoy busca una sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala tiene sus raíces en 2004, cuando Claudia Torres, una ciudadana guatemalteca, denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC).
Y lo que debió ser un proceso de justicia se transformó finalmente en una pesadilla sistémica para ella y sus hijos.
Según se expuso en la audiencia, la denuncia gatilló una serie de represalias brutales. En 2004, su hijo H.O.V.T., de apenas 13 años, fue detenido bajo acusaciones falsas de robo y golpeado por agentes. Meses después, en febrero de 2005, el adolescente murió baleado por desconocidos. La violencia no se detuvo ahí, pues otros hijos y cercanos a la familia sufrieron detenciones ilegales y hostigamientos constantes que terminaron, años más tarde, con la ejecución de dos personas sin que hasta hoy existan responsables tras las rejas.
En este complejo escenario, Inés Rojas asumió un rol estratégico: liderar los argumentos jurídicos enfocados específicamente en el acoso sexual inicial cometido contra la madre. Su intervención buscó demostrar cómo la violencia de género fue el motor de la tragedia que desarticuló a toda una familia.
Un cargo de prestigio continental
Lo cierto es que su presencia en Panamá no es casual, pues es una de los cuatro profesionales en Chile que ostentan el cargo de Defensor Público Interamericano, rol nacido de un convenio entre la Corte IDH y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
El objetivo de esta figura es garantizar que las víctimas que no poseen recursos para costear abogados de élite puedan contar con una defensa técnica de primer nivel ante el máximo tribunal de derechos humanos del continente.
Cuenta Rojas que “actualmente Chile cuenta con cuatro profesionales en este rol: dos elegidos por la Asociación de Defensores Penales Públicos (ADEF) y dos designados por la autoridad nacional de la institución. Uno es Jorge Moraga, defensor regional de Aysén y yo, que cumplo mi segundo periodo consecutivo”.
La satisfacción de la justicia tardía
De hecho, reconoce que esta audiencia representa el cierre de un círculo profesional que comenzó hace más de un cuarto de siglo, cuando fue una de las precursoras de la Reforma Procesal Penal en Chile.
“Es una satisfacción muy grande, porque significa llegar a lo más alto de la defensa de los Derechos Humanos. Desde que comencé en la Defensoría e incluso antes, cuando estaba en la Universidad de Chile, cuando conocí de muchas violaciones a los DD.HH., siempre tuve como un sueño poder litigar en la Corte Interamericana de DD.HH. defendiendo a las personas que habían sido víctimas de violaciones por parte de los Estados”, confesó.
Agradece que la Defensoría Nacional la haya designado “y por ello también me tomo muy enserio este rol, ya que significa mucho estudio, mucho esfuerzo y dedicación detrás de las horas normales de trabajo, pero que te entrega la satisfacción de poder ayudar a personas que han esperado por justicia”.
Tras el cierre de las jornadas presenciales en Panamá, el proceso entra en su fase decisiva, toda vez que las partes tienen plazo hasta el próximo 7 de junio para entregar sus alegaciones finales.
Una vez cumplido este hito, la Corte IDH quedará en condiciones de dictar una sentencia definitiva que no solo determinará la responsabilidad del Estado de Guatemala en este emblemático caso, sino que podría establecer reparaciones históricas para la familia afectada y medidas para evitar que este tipo de represalias policiales se repitan.
