Una sencilla animita levantada en el sitio de su atropello, en la intersección de calle Ignacio Domeyko, anexa a la Ruta 5, con Recoleta de Coquimbo, recuerda el trágico deceso de Soraya Fernanda Olivares Pizarro, de 25 años, con residencia en Santiago, quien perdió la vida tras ser arrollada el pasado 8 de febrero por un auto guiado por Sebastián Vilches Cuello, 21, quien tuvo su formalización de investigación por homicidio simple.
Vilches, oriundo de Copiapó, fue procesado en el Juzgado de Garantía coquimbano, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual en una unidad de Carabineros de la Región Metropolitana, en que reside y estudia en una universidad.
En esa misma audiencia, el Tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, el cual está por cumplirse este próximo mes de mayo.
Al acercarse esta fecha la familia de Soraya Olivares, que creó una página en al red social Facebook de Internet «Justicia por Soraya», para solicitar las máximas penas para el imputado, en que su padre Enrique Olivares Ibaceta, funcionario de la Editorial Jurídica de Chile, su madre Juana Pizarro Santana y sus hermanas y hermano, comparten su dolorosa experiencia y los avances de su campaña en busca de justicia.
Es así que en una carta llena de sentimiento publicada en la página referida, Enrique Olivares hizo ver su reflexión del caso de su hija, misiva que fue dirigida al fiscal del caso Adrián Vega, a quien agradeció su gestión y preocupación.
«Lo que me motiva a redactar esta carta además de intentar relatar nuestro dolor y vivencias como familia, desde ese fatídico día viernes 8 de febrero, y decir que detrás de cada víctima hay una historia de vida, lo que fue, deseaba ser, sus logros personales, sus lazos familiares y sociales, su muerte, que sea público para que se tome conciencia en la conducción, en mejorar o lograr justicia en las actuales leyes o normativas vigentes, contribuir con lo vivido, horrible y cruda experiencia de vida y que si de alguna manera logramos evitar otra muerte, ya estas líneas estarían plenamente justificadas».
En uno de los párrafos de la carta, el padre de la joven licenciada en artes le Universidad de Chile, ex estudiante del Colegio República de Guatemala y del Colegio Polivalente Camilo Henríquez de Maipú, manifiesta su necesidad de que lo acontecido con su hija no pase a ser solo un registro dentro de las muertes provocadas por conductores.
«No quiero que mi hija sea una estadística más, y por el amor a la vida y a mi niña, como también sentir de algún modo interpretar a tanta víctima de la imprudencia en la conducción que queda desolada y sin justicia. Quitarle la vida a otra persona es el delito más deleznable y condenado en toda sociedad sana y aunque las palabras legales en sí intenten aminorar el hecho; cuasidelito de homicidio, homicidio calificado, es lo que es; homicidio, asesinato, crimen».
Olivares, en la misma misiva, señala que no comparte lo estipulado en el Código Penal tras la reforma al sistema, en el tema de la no aplicación de la medida de cautelar de prisión preventiva para un chofer imputado por cuasidelito de homicidio o por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.
«El antiguo sistema procesal penal dejaba en prisión preventiva al delincuente mientras durase la investigación, en contrasentido ahora es premiado con el privilegio de la libertad, mientras las víctimas o familiares de éstos sufren (sufrimos) el duelo con aún más dolor de saber que el homicida está libre, e incluso quitándole a este mismo la posibilidad de pensar en soledad e impidiendo que tome real conciencia del irreparable daño causado a un tercero o la devastación de una familia».
