El 18° Juzgado Civil de Santiago resolvió acoger la demanda de indemnización por daño moral presentada por 30 víctimas en contra del Estado de Chile, las que fueron secuestradas por agentes estatales en la Región de Magallanes y confinadas en centros de detención de la zona, especialmente en Isla Dawson.
En el fallo, la jueza Claudia Donoso Niemeyer resolvió que el Fisco deberá pagar $150.000.000 a cada uno de los demandantes que fueron llevados entre el 11 y el 31 de diciembre de 1973.
Esto, «atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura», señala el dictamen.
Asimismo, la magistrada rechazó la excepción de prescripción presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), manifestando que «no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado».
La resolución adoptada por la magistrada se sustenta en el Convenio de Ginebra, que en su artículo 131 sostiene que «ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluya la tortura o tratos inhumanos».