Por orden del Fiscal Nacional: Indagan presunta obstrucción a la investigación de abogado asistente de Los Vilos

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Al proceso administrativo, ya instruido por el Fiscal Regional, Patricio Cooper, tras la vergonzosa audiencia de revisión de cautelares que terminó con la liberación de integrantes del Tren de Aragua, ahora se sumó una investigación del tipo penal, luego de una denuncia realizada por el persecutor de Los Vilos, Patricio Jory, contra su subordinado Luis Alejandro Soto Pérez.

El caso de los integrantes del Tren de Aragua, liberados tras una controvertida audiencia de revisión de cautelares, todavía sigue dando que hablar. Nadie se explica que el representante del Ministerio Público, Luis Alejandro Soto Pérez, no haya tenido ninguna noción de la causa, lo que quedó de manifiesto luego de escuchar el audio, donde la Jueza de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, lo interpela en varias oportunidades por su actuar.
En lo concreto, la decisión de la magistrada fue modificar las medidas cautelares para cinco imputados, quienes pudieron salir del recinto penitenciario, donde se encontraban por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, entre otros.

Actuar de la Fiscalía

Soto Pérez ni siquiera apeló verbalmente a la decisión, que es lo que se realiza en estos casos, para que los acusados no sean liberados de inmediato, sino una vez que el dictamen sea revisado por la Corte de Apelaciones, por lo que la Fiscalía tuvo que realizar la apelación por escrito.
Finalmente el recurso fue acogido y se revocó la libertad de los individuos, pero toda la cadena de errores que antecedió a esta determinación ya era de público conocimiento y el bochorno provocó reacciones a nivel nacional.
En una primera instancia, se sindicó a la jueza como la principal responsable de la liberación de los detenidos, pero ahora los dardos apuntan a la Fiscalía, que ya admitió su error, primero instruyendo una investigación administrativa y ahora, tal como lo anunció el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, una investigación penal en contra de Luis Alejandro Soto Pérez. Así lo consignaron a través de un comunicado de prensa. «Conforme a los antecedentes recabados y a un oficio enviado por el Fiscal Regional de Coquimbo, llevaron a que el titular del Ministerio Público, Ángel Valencia, designará al Fiscal Regional de Atacama para liderar una investigación penal en relación a los sucesos conocidos en la comuna de Los Vilos», indicaron.

Caos en Los Vilos

Según el comunicado, fue el propio Fiscal Jefe de Los Vilos, Patricio Jory, quien hizo la denuncia. «La investigación se da inicio por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito».
En este contexto, Valencia designó al Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, para que dirija la investigación penal y otorgue protección a víctimas y testigos si fuese necesario.

Fiscal Nacional

En conversación con medios nacionales, el Fiscal Nacional Ángel Valencia sostuvo que «hoy día, a lo largo de todo Chile, hay fiscales, funcionarios y profesionales que están periódicamente exponiendo su integridad física e incluso exponiendo su vida para perseguir el crimen organizado», indicó el persecutor, haciendo el llamado a no prejuzgar a Soto Pérez, ya que «puede haber sido víctima de amenazas para actuar de esa manera».
Cabe consignar que de los cinco imputados a quienes se les había cambiado la cautelar de prisión preventiva, dos ya se han entregado por voluntad propio, mientras que tres permanecen prófugos.

¿Quién es Soto Pérez?

Luis Alejandro Soto Pérez, quien hoy es objeto de una investigación administrativa y paralelamente una penal, no es fiscal, sino que abogado asistente del único fiscal de Los Vilos, Patricio Jory.
Fue carabinero y se tituló de abogado en el año 2020. Respecto a su experiencia en el Ministerio Público, el profesional llevaba sólo cinco meses y llegó a la institución vía concurso público. El presunto delito por el cual está siendo indagado sería una obstrucción a la investigación.

 

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