En la sesión del martes, los Consejeros Regionales pidieron recopilar información más detallada por eventuales irregularidades en una negociación incompatible por $ 600 millones en mercados de valores especulativos. Para Marcelo Castagneto es «un tema endémico de las juntas de vigilancia».
Si se comprueba, la Junta de Vigilancia del Río Elqui tendrá mucho que explicar. A la justicia, sí. Y al Core…
Esto, porque en su sesión de día martes los consejeros regionales solicitaron antecedentes para saber si efectivamente existen recursos fiscales involucrados o no en el presunto fraude de la Junta de Vigilancia del Río Elqui por eventuales irregularidades en una negociación incompatible por 600 millones de pesos.
Para unos, «irregularidades de negociación incompatible con recursos de la institución». Para otros, «un tema endémico de las juntas de vigilancia», sostuvo el consejero Marcelo Castagneto.
Si bien la Dirección General de Aguas (DGA) decidió abrir un expediente administrativo para comenzar una investigación por eventuales irregularidades, el Core RN no quiso ahondar mucho, «por no conocer mayores antecedentes».
Sin embargo, comentó: «Sé que estas y las anteriores juntas de vigilancias siempre han estado cuestionadas. En las anteriores fue un escándalo, y eso que Pelayo Alonso, el presidente actual, puso orden. La verdad es que desconozco lo que sucede con estos manejos financieros, pero es una cosa endémica, por decirlo de una manera».
De hecho, afirmó que hace unos 15 años, «al menos dos presidentes han salido cuestionados, y la junta que hoy funciona entiendo que va bien encaminada, pero no tengo mayores antecedentes. Lamentablemente estas cooperativas de administración son muy complejas, porque hay muchos socios, y no quiero involucrar al presidente actual, pues más que el presidente, creo que son las administraciones a las que les ha faltado control. Pelayo ha hecho una buena gestión, pero en los mandos medios es donde se producen estos problemas, y como te insisto, ha sido endémico, porque en todas las administraciones ha pasado lo mismo».
Años 2018, 2019, 2020
Las presuntas irregularidades ocurrieron en 2018. No obstante, el consejero por Elqui Javier Vega espera poder recopilar información más detallada de los antecedentes, y además solicitar que se pueda entregar información de los recursos entregados por el programa de transferencia para la CNR, «que entregamos en 2018, puesto que fueron 4.020 millones que se otorgaron a este programa de transferencia a la CNR, y tengo dudas si fueron entregados a la Junta de Vigilancia. También solicité qué otros recursos públicos se han entregado directamente en los años 2018, 2019 y 2020 a la Junta de Vigilancia, porque me parece que estas denuncias, que fueron desestimadas en la región, y que tuvo que revocar esa desestimación aquí en la región la DGA, dándoles el favor a los denunciantes, deja dudas de la utilización de los recursos públicos en negocios especulativos que están asociados a intereses, en este caso del presidente de la Junta de Vigilancia y de algunos directores que han apoyado y dejado de lado la opinión de los denunciantes».
De esta manera, se solicitó a la comisión de Fomento y a la gobernadora Krist Naranjo, «mayor transparencia y una intervención de la DGA a la Junta de Vigilancia para que esclarezcan los detalles de esta forma de intervención económica, que se generó sin haber considerado en este caso a todos los accionistas en la toma de decisiones».
A juicio de Vega, «me parece que este es un mini papayagate y que tenemos que esclarecer, por eso se solicitó que pudiéramos tener información de qué forma se han entregado recursos a la Junta de Vigilancia de parte del FNR, y si existen otros recursos asociados en esos años, porque finalmente podemos creer que se utilizaron los propios recursos públicos para generar negocios en esta Junta de Vigilancia».
El independiente UDI y consejero por Limarí, Alberto Gallardo, dijo no trabajar «sobre supuestos», argumentando que «aportamos los recursos, tienen una Carta Gantt para ver cómo se tienen que utilizar y entregar, así que mientras tanto no podemos decir nada».
Dijo reservarse la opinión para no «crucificar a nadie, toda vez que muchas veces, y especialmente en elecciones, se ocupan situaciones para desprestigiar y desperfilar a las personas. Pero esto fue tratado en la comisión del consejo, y la prensa nunca se equivoca… Se les dio una semana para trabajarlo en la comisión de Fomento Productivo, donde está inserto este proyecto».
Ángela Rojas, de la provincia del Choapa, manifestó no estar muy convencida de un «presunto fraude», sino más bien de «una mala utilización y administración de los recursos», y que de todas formas hay que investigarlo.
No obstante, añadió: «Tengo entendido que mucho antes también había pasado, entonces antecedentes existen. El martes salió en la prensa y ya se solicitaron antecedentes, porque lo que preocuparía, en lo que le compete al CORE, es que dentro de esos recursos no haya habido recursos fiscales involucrados».
Mientras, el diputado Daniel Núñez pedirá que la Junta de Vigilancia del Río Elqui y la DGA expliquen ante la Cámara de Diputados la denuncia por inversiones especulativas. En caso de ser acogida, la cita podría concretarse el martes 2 de noviembre.
