La discusión por la Sala Cuna Universal volvió a poner bajo revisión el actual sistema establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo. Mientras gremios empresariales sostienen que la norma desincentiva la contratación femenina, especialistas advierten que el problema no es el beneficio en sí, sino la forma en que se financia.
Por Joaquín López Barraza
«El problema no es la sala cuna en sí misma, sino quién asume el costo». Con esa definición, la doctora en Ciencias de la Empresa y académica de la Universidad Católica del Norte, Karen Vargas, resume una discusión que volvió a tomar fuerza a raíz del debate por la Sala Cuna Universal.
Más allá de la reforma actualmente en discusión, el tema ha vuelto a poner bajo la lupa el funcionamiento del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el beneficio de sala cuna. Precisamente uno de los argumentos detrás de los cambios impulsados por el Ejecutivo apunta a corregir los posibles efectos que esta norma tendría sobre la contratación femenina.
Según explica Vargas, existe evidencia de que el diseño actual puede generar consecuencias no deseadas.
«Estudios sugieren que las empresas transfieren el costo directamente a los salarios, lo que se traduce en una brecha salarial para las mujeres contratadas en torno al umbral. Por otro lado, existe evidencia de que algunas empresas evitan cruzar ese umbral, lo que sí constituye un desincentivo a la contratación femenina».
Sin embargo, la académica enfatiza que esos efectos no significan que el beneficio deba eliminarse.
«La experiencia internacional nos enseña que el problema no es la sala cuna en sí misma, sino quién asume el costo».
A juicio de Vargas, cuando el acceso al cuidado infantil se universaliza mediante subsidios o mecanismos de financiamiento compartido, la participación laboral femenina aumenta de forma significativa y sostenida en el tiempo.
Una crítica desde las pymes
Una visión similar respecto al diagnóstico, aunque distinta respecto a la solución, plantea el presidente de la Multigremial de Coquimbo, Marcos Carrasco.
Para el dirigente, la obligación establecida actualmente en el Código del Trabajo termina afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
«Este tipo de normativa lo único que hace es ahuyentar la contratación de mujeres y esto provoca las altas tasas de desempleo para las mujeres».
Carrasco sostiene que el costo asociado al beneficio no debería recaer directamente sobre los empleadores.
«Lo que tenemos que hacer es incentivar el empleo, pero de buena manera, con políticas públicas coherentes. Este tipo de medida hace todo lo contrario y desincentiva la contratación».
En esa línea, afirmó que cualquier sistema de sala cuna universal debiera construirse sobre un mecanismo de financiamiento distinto al actual.
