Este jueves, coincidieron en el ingreso al edificio de la ex Intendencia Regional las marchas de los sindicatos de taxistas básicos en contra de la «Ley Uber» y de los trabajadores de la salud, agrupados en Confusam. Dirigentes de ambos gremios explicaron a DIARIO LA REGIÓN sus exigencias a la autoridad.
Por: Bastián Álvarez Pardo
Manifiestan su rechazo a los recortes en el presupuesto para la Atención de Salud Primaria (APS) anunciados por el Gobierno, en el caso de la Confusam (Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal); y reiteran su rechazo a la denominada «Ley Uber» y exigen la creación de una mesa de diálogo, en el caso de la Asociación Gremial de Taxis de la Región de Coquimbo (Unitaxi).
Este jueves, organizaciones gremiales marcharon hasta el frontis de la Delegación Presidencial Regional.
En ambos casos, las asociaciones ingresaron cartas dirigidas a las autoridades regionales, encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, Víctor Pino.
En ellas, el gremio de la salud exige ser escuchado, sentarse a dialogar con la autoridad, y plantear sus demandas en materia de presupuesto y recursos para atender a los pacientes, mientras que el gremio del transporte de pasajeros busca plantear su inquietud ante la regularización de las aplicaciones de transporte de pasajeros.
Salud municipal
rechaza recortes
Carlos Fuster, presidente regional de la Confusam Coquimbo, explica que «este paro, convocado por el nivel regional de Confusam, tiene que ver con la propuesta del gobierno en torno a los recortes presupuestarios a la Atención Primaria de Salud», reajuste que podría alcanzar los $2,8 billones en los próximos tres años.
A juicio de Fuster, «eso es catastrófico, desde el punto de vista de los insumos, la infraestructura y el recurso humano. Con este paro, le decimos al gobierno que no estamos dispuestos, como funcionarios de la salud, a aceptar estos recortes, que van en desmedro de la gente».
La realidad es aún más delicada en las zonas rurales y con alta dispersión geográfica. En el caso de La Higuera, son más de 100 trabajadores los que se desempeñan en la salud municipal.
Myriam Ossandón, tesorera de la Asociación de Funcionarios de la Atención Primaria de Salud (AFUSAM) de La Higuera, comenta que «el reajuste afecta a diferentes programas, sobre todo el Fondo de Farmacias (FOFAR, que provee los medicamentos a las farmacias de atención primaria)».
Además, explica Ossandón, la reducción de personal para la salud primaria redundará en una disminución de la capacidad de atención, ya que el menor presupuesto para cargar combustible, comprar insumos y movilizarse, afectará las rondas rurales.
Taxis básicos
exigen mesa
de trabajo
Luis Dubó, presidente de la Asociación Gremial de Taxis Básicos (Unitaxi), explica que «buscamos que el ministro (de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange), cese en sus intenciones de modificar el Decreto 212. La Contraloría ya lo rechazó, pero él ha declarado que va a seguir intentando, porque quiere bajar los estándares mínimos de seguridad para los taxis. Y eso no lo vamos a permitir y si hay que manifestarse, lo seguiremos haciendo».
Las lunetas de varios de los taxis estacionados en el frontis de la Delegación, así como el lienzo que desplegaron los choferes lucían la misma leyenda: «No a los Citycar en el Transporte de Pasajeros».
En efecto, la semana pasada, la Contraloría frenó el reglamento de la Ley Uber, cuestionando algunas de las exigencias establecidas por el Gobierno, entre ellas, la rebaja de las exigencias técnicas, como la cilindrada de los vehículos. Además, el ente contralor argumentó que dichas modificaciones no habrían sido sometidas a consulta pública por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Además, el gremio del transporte privado de pasajeros busca que las autoridades regionales instalen una mesa de diálogo, para trabajar en torno a sus demandas. «Una de las peticiones, es que se implementen las mesas, a nivel nacional, con dirigentes de todas las regiones; y que se instruya a los SEREMIS para que lo hagan en las regiones».
Y, en tercer lugar, indica Dubó, se solicita que, independiente de que el precio del petróleo haya bajado de los US $80 el barril, se mantenga el bono de $100.000 para los transportistas.
«Si quieren proteger el empleo, protejan el empleo formal, que es el que se da a través de los taxis», concluye Dubó.
