La parlamentaria explicó que el propósito de este evento fue discutir la forma de cómo construir una agenda corta para buscar soluciones inmediatas en la obtención de agua, contener la desertificación y enfrentar la catástrofe de la sequía en la Región de Coquimbo y dijo que “hemos recibido propuestas concretas que debemos ir sistematizando para elaborar la agenda corta de intervención territorial que interpele fuertemente a las autoridades de Gobierno”.
Agregó que “es muy importante que esta agenda corta sea construida con el respaldo de la participación ciudadana”.
Otro de los puntos que destacó la presidenta de la comisión de Recursos Hídricos del Senado fue en torno al avance de establecer alianzas entre el sector público y privado para ir en búsqueda de soluciones que requieren inversiones, “sería importante que saliéramos con una propuesta relacionada con la viabilidad de las plantas desalinizadoras y el marco de concesión para la construcción de éstas. Sería ideal que junto a los alcaldes, organizaciones ciudadanas, los regantes y los APRs, pudiéramos priorizar alguno de estos proyectos que nos permitan la reutilización del agua y la búsqueda de nuevas fuentes de este recurso”.
Del mismo modo, la representante de la Región de Coquimbo enfatizó que si nuestro país pretende mirar hacia el mar en la búsqueda de este vital recurso “no podemos entregar los derechos de agua de mar de forma gratuita para dar soluciones a los procesos productivos, ya que esta situación nuevamente generaría el problema de negar a Chile la titularidad del dominio del agua de mar. Hay que tener cuidado, debemos aprender de los errores cometidos como la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de agua dulce en nuestro país”.
En cuanto al debate parlamentario y la Reforma al Código de Aguas la congresista argumentó que existe una disociación normativa en torno a este tema y dijo “en la Cámara de Diputados están avanzando en la reforma al Código de Aguas, mientras que en el Senado trabajamos enfocados en la Constitución. Lo que intentamos hacer es establecer en el Código y en la Constitución la titularidad al dominio público-estatal del agua en el estado en que se encuentre incluyendo los glaciares. Todos los avances en la reforma al Código de Aguas no tienen sentido si no existe una correlación constitucional”, aseveró.
