Al igual que en otras siete regiones, y por instrucción del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, personal de la PDI llegó hasta las dependencias en el marco de supuestos traspasos de recursos a las fundaciones EnRed Social y Enlace Urbano. Las diligencias se extendieron por más de cinco horas y los detectives se llevaron documentos y también habrían escaneado información relevante.
Rodrigo Solís A.
La noticia reventó desde muy temprano a nivel nacional, ya que ayer, de manera discreta llegó por la mañana a ocho seremis de Vivienda y Urbanismo personal de la PDI con el objetivo de allanar las dependencias en el marco del «Caso Convenios».
Se trató de ocho regiones: Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos. En la zona, los funcionarios llegaron hasta las oficinas situadas en La Serena.
Esta instancia fue solicitada por el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para así indagar por los supuestos traspasos de recursos a las fundaciones EnRed Social y Enlace Urbano. Cabe destacar que los montos involucrados corresponden a $ 4.773.857.588, y la finalidad de este procedimiento era incautar servidores, documentación y equipos telefónicos, en caso de ser necesario.
Recordemos que en el caso de la Región de Coquimbo, el 19 de octubre de 2021 se firmó un convenio con Enlace Urbano por $ 146.228.000 y el 26 de julio de 2022 otro por $ 69.500.000. Asimismo, el 22 de diciembre de 2021 se autorizó un convenio por $ 17.728.570 a EnRed Social.
LO QUE OCURRIÓ EN LA SERENA
En la jornada de ayer, los funcionarios policiales llegaron alrededor de las 10:00 de la mañana a las dependencias tanto de la seremi como del Serviu, ubicadas en calle Almagro, en La Serena. Cabe destacar que esta instancia no se dio mediante una orden judicial, sino a través de un procedimiento voluntario.
En efecto, quien se encontraba en dependencias del Minvu Región de Coquimbo fue el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Manuel Peralta, quien recibió a los policías y habría cooperado sin mayores dificultades a la labor de la policía civil. De acuerdo a información de Diario La Región, el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización, Ángelo Montaño, se encontraba en una actividad en Andacollo, pero retornó a La Serena por esta causa alrededor del mediodía, para también colaborar.
La situación en el entorno era de bastante expectación periodística, ya que por momentos funcionarios de la institución policial salían e ingresaban al edificio, sin entregar declaraciones pese a las consultas de la prensa. En efecto, se apreció desde las afueras del recinto algunas conversaciones entre el seremi y los detectives.
Sin embargo, el retorno de dos policías hasta el lugar y su ingreso hasta los estacionamientos del Minvu en un vehículo, daban luces de que el procedimiento avanzaba. En efecto, pasadas las 14:30 se vio salir a funcionarios policiales con documentos en dirección a la zona de vehículos.
De acuerdo a fuentes de este medio, más que sacar equipamiento, se habría procedido al retiro de documentación, alguna física y otra que habría sido obtenida mediante escaneo y otros mecanismos más sofisticados respecto a los que antiguamente se utilizaban. Finalmente, la PDI procedió a retirarse del lugar.
Desde la Policía de Investigaciones no hicieron declaraciones por instrucción de nivel central, debido a que el procedimiento estaba «en desarrollo».
VOCES LOCALES
Diario La Región intentó comunicarse tanto con el seremi de Vivienda, José Manuel Peralta, y el director regional de Serviu, Ángelo Montaño. Pero ninguna de las autoridades se refirió a lo ocurrido.
Sin embargo, quien llevó adelante la vocería única, fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. La autoridad, mediante un comunicado, ratificó que «la PDI está solicitando información sobre dos instituciones, EnRed y Enlace Urbano, las que el propio ministerio denunció en el caso de Tarapacá, porque descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y tenía que hacerlo el Ministerio Público».
Montes aseguró que «desde el primer momento, a todas las instituciones del ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. Personalmente fui, a los pocos días que explotó el caso en Antofagasta, a entregar toda la información que teníamos al respecto, antes que la solicitaran, porque creemos que en esto hay que descubrir el fondo y que sean sancionadas las personas que han cometidos los delitos», concluyó.
