En el Primer Seminario Regional de Crimen Organizado, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana Daniel Johnson, sostuvo que una baja en los homicidios no necesariamente implica menor presencia de redes criminales. También advirtió sobre el avance de delitos como la extorsión y el secuestro, y llamó a fortalecer el intercambio de datos entre instituciones.
Por Joaquín López Barraza
Durante su exposición en el Primer Seminario Regional de Crimen Organizado, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, planteó que medir la magnitud de estas estructuras únicamente a partir de la tasa de homicidios puede llevar a diagnósticos equivocados.
«El crimen organizado lo que busca es no verse. El que mejor logra sus intereses es el que más desapercibido pasa. Por lo tanto, errores como considerar que el homicidio es un buen termómetro del crimen organizado son graves», señaló.
Según explicó, una baja en los homicidios puede incluso coincidir con organizaciones criminales más asentadas en un territorio, precisamente porque ya no necesitan disputar control con otras bandas.
Johnson sostuvo que este tipo de lectura errónea puede instalar la idea de que en un país o zona con menos homicidios hay menos crimen organizado, cuando puede ocurrir exactamente lo contrario. «Puede ser que ese crimen esté incluso más asentado que en otro lugar que sí haya homicidios», indicó.
En esa línea, advirtió que una de las hipótesis más preocupantes es que una organización delictual haya consolidado dominio sobre un territorio. «Tomó la soberanía del territorio, por lo tanto no necesita disputarle a otra», dijo, al explicar por qué una menor tasa de homicidios no siempre es sinónimo de mayor seguridad.
Aunque valoró como una buena noticia la reciente baja en los homicidios, Johnson llamó a mirar con atención otras señales. Entre ellas, mencionó la aparición y visibilización de delitos como la extorsión y el secuestro, fenómenos que —a su juicio— dan cuenta de formas de criminalidad más complejas que hace algunos años no estaban instaladas con la misma fuerza en el país.
«Son tipologías a las que no estábamos acostumbrados y visualizarlas nos hace pensar que hay organizaciones criminales operando en el territorio», afirmó.
El director ejecutivo de Paz Ciudadana también abordó el escenario institucional en materia de seguridad, en medio del cambio de mando. A su juicio, el gobierno saliente dejó una base relevante a partir de modificaciones normativas y de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, además de proyectos destinados a fortalecer el rol de los municipios.
«Tenemos muchos cambios normativos que generan una base que es importante para hacerse cargo de la seguridad», sostuvo. En esa línea, destacó que la nueva institucionalidad puede facilitar una mirada más amplia del problema, incorporando no solo a los organismos de persecución penal, sino también a carteras como Desarrollo Social, Vivienda y Salud.
Sin embargo, advirtió que uno de los déficits más importantes sigue siendo el cruce de información entre instituciones. «Falta que las instituciones tengan la generosidad, porque no es solo una cosa normativa, sino también un tema de voluntad, de compartir los datos que tienen, porque si en conjunto se abordan los problemas de seguridad, podemos ser mucho más efectivos», señaló.
Johnson insistió en que la respuesta al fenómeno no puede limitarse al fortalecimiento policial o persecutorio. A su juicio, si no se aborda toda la cadena —desde la prevención temprana hasta la reinserción social— el problema de inseguridad seguirá reproduciéndose.
«Tenemos que mirar la prevención temprana, la prevención social, la prevención situacional, qué pasa con los entornos, qué pasa con la persecución penal también, por supuesto, y también qué pasa con la reinserción social. Si no miramos la cadena completa, nunca vamos a ser capaces de cambiar en el largo plazo, de una manera sostenible, el problema de inseguridad que tenemos en Chile», remarcó.
