El informe tributario elaborado sobre Vital Medical SpA sostuvo que los ingresos, gastos y declaraciones de la empresa eran consistentes con su actividad económica. Sin embargo, durante los contrainterrogatorios se advirtió que el análisis no incluyó cuentas bancarias ni el origen de los fondos utilizados.
Por: Valentina Echeverría O.
La continuidad del peritaje tributario sobre Vital Medical SpA incorporado por la defensa de Nicole Cadena y Cristian Muñoz concentró gran parte de la jornada de este jueves en el juicio oral por el presunto fraude al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla.
A través del abogado tributarista Milenko Zurita, la defensa buscó acreditar que los movimientos económicos de la sociedad eran consistentes con una empresa en funcionamiento, mientras que Fiscalía y querellantes cuestionaron si dicho análisis era suficiente para descartar eventuales operaciones de lavado de activos.
Radiografía de
Vital Medical
Durante su exposición, Zurita explicó que revisó balances, declaraciones tributarias, formularios de impuestos y antecedentes obtenidos desde el Servicio de Impuestos Internos y señaló que la sociedad registró ingresos por más de $203 millones durante 2020, cifra que aumentó a $1.888 millones en 2021 y a $2.332 millones en 2022.
Asimismo, sostuvo que la empresa emitió cerca de 50 mil documentos tributarios entre 2019 y 2023 y que llegó a mantener cientos de clientes institucionales, entre ellos Fonasa, empresas mineras, laboratorios y compañías privadas.
El profesional afirmó además que, de acuerdo con los antecedentes revisados, Vital Medical alcanzó una participación cercana al 25% del mercado regional en su rubro. En ese contexto, sostuvo que «si se trata de blanquear dinero, esta no era la vía», argumentando que los ingresos observados coinciden con la facturación declarada y con la información registrada ante el Servicio de Impuestos Internos.
Cuestionamientos
del informe
Sin embargo, durante los contrainterrogatorios de Fiscalía y querellantes, se apuntó a las limitaciones del análisis realizado.
Consultado por el fiscal acerca de si había revisado cuentas bancarias personales de Muñoz, Zurita respondió que no efectuó ese tipo de análisis, precisando que su revisión se concentró en antecedentes tributarios y contables. Asimismo, indicó que desconocía si algunos gastos de Vital Medical pudieron haber sido pagados desde cuentas personales de Crístian Muñoz.
Otro de los puntos abordados surgió cuando se le preguntó si los más de $2.300 millones en ingresos registrados por la empresa durante 2022 reflejan necesariamente su éxito económico. «No necesariamente», respondió el perito, indicando que para realizar esa evaluación también era necesario considerar los gastos y egresos asociados a la actividad.
Posteriormente, durante el interrogatorio del abogado querellante Adrián Vega, Zurita reconoció que una operación real igualmente podría constituir lavado de activos si era financiada con recursos de origen ilícito. «Sí, en ese supuesto sí», respondió al ser consultado sobre la posibilidad de pagar servicios efectivamente prestados utilizando dinero proveniente de actividades ilícitas.
Informes
socioeconómicos
Al cierre de la audiencia también se incorporaron informes sociales respecto a cinco acusados. Entre otros antecedentes, los documentos dieron cuenta de situaciones de vulnerabilidad económica, problemas de salud, dependencia de redes familiares y dificultades para generar ingresos mientras se mantienen sujetos a medidas cautelares.
Las evaluaciones concluyeron que los imputados cuentan con apoyo familiar y comunitario, recomendando considerar medidas cautelares de menor intensidad a las que enfrentaban al momento de la elaboración de los informes.
