Los consejeros regionales Angela Rojas, Lidia Zapata, Cristian Carriel, Carlos Galleguillos, Lombardo Toledo y Javier Vega, firmaron una declaración pública en donde señalan que el Gobierno no debería cuestionar los informes emanados de la Contraloría ya que afirman que las instituciones de control del Estado deben tener plena independencia. Además, de transparentar las renuncias de las divisiones administrativas y jurídicas del Gobierno Regional.
Luego que saliera a la luz pública la investigación que realiza la Contraloría Regional y Fiscalía Nacional, por los procedimientos utilizados en la compra de terrenos para la instalación de un complejo deportivo en San Ramón, comuna de La Serena, mediante el Fondos Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, los consejeros que firmaron la carta sostiene que mediante el oficio N° 2346 de fecha 10 de junio de 2019, el ejecutivo solicita
considerar una nueva cartera extraordinaria FNDR 2020, que contenía 8 iniciativas a financiar por un monto de M$15.014.818.
En la discusión de la comisión se propuso dividir la votación de esta cartera en dos partes. La primera votación aprobó 7 iniciativas por un monto total de M$4.903.025, la que fue aprobada por unanimidad del Core, en donde los proyectos que beneficiaron a cuatro comunas y a la Dirección del Servicio Salud.
Además, la segunda votación somete a consideración la construcción del centro deportivo San Ramón, en la comuna de La Serena, con una etapa de diseño por un monto total
de M$10.111.793, proyecto formulado por la municipalidad de La Serena
y que obtuvo su Rentabilidad Social (RS) el mismo 10 de junio de 2019.
«Debido a la falta de información, los montos involucrados en este proyecto, la concentración excesiva de recursos en la comuna de La Serena, las múltiples necesidades urgentes de la región y otros argumentos, no otorgamos la unanimidad en la aprobación, ya que siete consejeros regionales, nos opusimos a la aprobación de este proyecto y solicitamos información necesaria y correspondiente y dejarlo en comisión» declaran.
Posteriormente, evidencian que la propuesta fue presentada «mediante solo dos laminas, sin tasación, ni antecedentes mínimos en la ficha del Ministerio de Desarrollo Social, la que
además obtuvo el RS el mismo día en que la intendenta solicito al CORE aprobación de dicho proyecto».
Aclaran que como ha sido recurrente en el actual Consejo Regional, las iniciativas presentadas a consideración por el Ejecutivo son aprobadas por simple mayoría, hoy mayoría circunstancial, sin mayor análisis, no cuidando los recursos fiscales ni la equidad territorial, para lo cual el consejo esta mandatado.
«Este tipo de situaciones ha sido lo habitual durante todo el actual gobierno, donde la mayoría oficialista impuso una forma de trabajo que ha desestimado la labor del Consejo Regional, situación que fue incluso representada por la propia Contraloría» señalan.
Producto de los antecedentes que está siendo investigada la exintendenta Lucia Pinto y su equipo, los Cores llaman al gobierno a «no cuestionar y rotular de sesgo político los antecedentes entregados por la contraloría General de la República. Rechazamos tajantemente este tipo de intervenciones porque creemos que las instituciones de control del Estado deben tener plena independencia a la hora de hacer las investigaciones correspondientes» añaden.
Enfatizan en que creen necesario que desde este Gobierno Regional se entregue toda la información a los entes fiscalizadores, un llamado a mejorar la gestión al interior del
GORE y una mejor coordinación con el CORE, «sin que ello detenga los compromisos y responsabilidades asumidos por el bien de nuestros habitantes, más aún, cuando nos encontramos ante graves situaciones como el desempleo, sequía prolongada, pandemia y crisis económica…».
Otro de los puntos que solicitan al Gobierno Regional es a trasparentar las renuncias de las divisiones administrativas, jurídicas, entre otras y quienes están asumiendo las subro-
gancias de los cargos que han renunciado por el posible fraude al fisco.
