En un fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia en primera instancia del Segundo Juzgado Civil de Concepción, que condenó al Estado a pagar $25 millones a cada uno de los seis soldados conscriptos sobrevivientes de la marcha en los faldeos del volcán Antuco, en mayo de 2005, en la que además perdieron la vida 45 militares.
En el fallo se señaló que «resulta evidente que ha sido el Estado de Chile quien ha puesto a los demandantes en la misión militar del 18 de mayo de 2005, imponiéndoles además la obligación de cumplir dicha misión bajo el mando de los funcionarios de la planta del Ejército de Chile que resultaron penalmente condenados por impartir dichas instrucciones, por lo que, bajo ningún respecto puede el Fisco argumentar que la acción desplegada por los referidos funcionarios públicos se encuentra desprovista de vínculo con el servicio público al que estaban obligados de cumplir y, habiéndose desarrollado este servicio en forma deficiente, se compromete con ello la responsabilidad estatal».
