A excepción de los beneficios de seguridad social, indicó el parlamentario gremialista
Un proyecto de ley que inhabilita para recibir ciertos beneficios estatales a quien ocupe ilegalmente un inmueble, presentó el diputado Juan Manuel Fuenzalida.
En esa línea, el parlamentario gremialista argumentó que “el derecho de propiedad es una de las atribuciones más importantes que se les otorga a las personas que adquieren cualquier clase de bienes, y se encuentra protegido constitucionalmente en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental”.
En este contexto, explicó el legislador representante por la Región de Coquimbo, “existen una serie de acciones judiciales, ya sean civiles o penales, destinadas a defender al dueño de un bien mueble o inmueble respecto a las turbaciones que estén siendo provocadas por una tercera persona en contra de su propiedad.
“Somos testigos de que durante el último tiempo este tipo de hechos ha tomado mayor notoriedad, pues existen personas que no sienten ningún tipo de remordimiento al ingresar a una propiedad ajena para ocupar ilegalmente el lugar, teniendo pleno conocimiento que el inmueble en cuestión pertenece a otra persona”, subrayó Fuenzalida.
En esa línea, el diputado por el Distrito 5 advirtió que, “lamentablemente, nuestra legislación penal es muy débil al castigar este tipo de conductas, pues sólo aplica una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales a quien ocupe un inmueble ajeno con violencia o bien, que, haciendo la ocupación en ausencia del legítimo poseedor lo repeliere al volver. Y a su vez, establece que, si estos hechos fuesen ejecutados sin violencia, la pena es una multa oscilante entre seis y diez unidades tributarias mensuales”.
“Las bajas penas asociadas a estas conductas traen como consecuencia que las personas sigan ejecutándolas sin temor a ser castigados, ya que el efecto disuasivo es nulo y no se visualiza un riesgo real al tomar posesión de un bien inmueble ajeno, pese a que esto sea ejecutado mediante el uso de la fuerza”, sostuvo.
En virtud de lo anterior, agregó el diputado, “la iniciativa busca impedir que las personas que violenta o clandestinamente ocupen bienes inmuebles ajenos, puedan obtener ciertos beneficios estatales. Así, el que incurra en este tipo de conductas no solo será desalojado y multado, sino que además perderá el derecho a recibir ciertas prestaciones otorgadas por el Estado”.
Finalmente, el diputado Juan Manuel Fuenzalida indicó que “el proyecto de ley establece que toda persona que, de manera clandestina o violenta, haga ocupación ilegal de un inmueble ajeno, perderá el derecho a obtener beneficios estatales, a excepción de los de seguridad social”.
