Si bien la autoridad finalmente podría ser suspendida de su cargo por tres meses y sufrir una disminución de un 50% de sueldo, de todas maneras podrá recurrir a la Corte Suprema como última instancia.
Rodrigo Solís A.
En horas de la tarde de ayer se conoció la resolución de parte de la Contraloría General de la República que determinó rechazar el recurso de reposición interpuesto por la defensa de la gobernadora Krist Naranjo por mal uso de vehículo fiscal. De esta forma, se buscaba evitar una suspensión de tres meses de su cargo y la disminución del 50% de su sueldo.
Recordemos que el abogado que representa a la autoridad, el destacado jurista Isidro Solís, había presentado esta instancia, asegurando que los hechos por los que se le acusaban -ocurridos en 2021 y 2022- no ameritaban tales sanciones. Se trató de sucesos relatados por conductores que trabajaron junto a ella, que aseguraron que les solicitaba llevarla a centros comerciales, a supermercados, centros de salud, o ir a buscar a su hijo a la universidad, utilizando vehículos que son propiedad del Estado.
Lo concreto es que tras el rechazo de la Contraloría, y si no hubiese ninguna apelación final, la gobernadora deberá cumplir con los tres meses de suspensión y una disminución de un 50% se sueldo, aunque tendría derecho a apelar en la Corte Suprema, lo que fue ratificado por la abogada y académica de la Universidad Central sede Coquimbo, María-José Lira Marti.
«Si se rechazó el recurso, es porque la gobernadora no acompañó ningún nuevo antecedente que pudiera desvirtuar las infracciones sobre el mal uso de vehículo fiscal. Lo que viene es un especial recurso de apelación ante la Corte Suprema, en el caso de que la sanción vaya desde una multa hacia arriba, como es este caso», sostuvo la jurista.
Si bien la norma indica que estas sanciones deberían cumplirse de forma inmediata desde que se notifica, la abogada agregó que «la sanción debería cumplirse en el acto, pero desconozco si ésta se mantendrá en veremos a la espera de que se presente o no una acción ante la Corte Suprema. De lo contrario, la autoridad debería poner un recurso de apelación lo antes posible».
De todas formas, Lira Marti subraya que «la regla general habla de que un recurso de apelación tiene 10 días de plazo, pero la ley no es explícita».
REPERCUSIONES
Esta importante noticia, que fue dada a conocer durante la tarde de ayer por Diario El Día en su página web, tuvo inmediatas reacciones por parte de los consejeros regionales.
El core Cristian Rondanelli sostuvo que «esta era una noticia que la Región de Coquimbo estaba esperando, y por supuesto nosotros desde el Consejo Regional y yo como presidente de la Comisión Investigadora que ha visto los temas de la gobernadora, creo que se hace justicia por los funcionarios que sufrieron este abuso de poder y mal uso del vehículo fiscal. Pero lamentablemente la gobernadora puede apelar a la Corte Suprema. No así es lo que ocurrirá en el Tricel, porque la Contraloría, al ratificar la sanción, reafirmará la acusación que permitirá buscar la máxima sanción contra la gobernadora».
La consejera regional Tatiana Castillo subrayó que, «si bien no hay mucho que decir, si la instancia en la Corte Suprema fracasa, ahí se dictamina cuándo comenzaría el período de suspensión y de sanción real. Por lo tanto, hay que esperar qué sucede ante esa nueva instancia».
En tanto, el core Javier Vega acotó que «esto lo esperábamos, pero pensábamos que se estaba demorando mucho. La gobernadora ha proseguido constantemente con sus licencias médicas. El Consejo Regional ha tenido que liderar la región, poniendo los planteamientos importantes sobre la mesa. Así se entiende porqué ella no quería volver a tomar sus funciones para seguir alargando los procesos».
Vega recalcó que «no es posible que tengamos a una gobernadora que trabaja a medias y que no hace caso al dictamen de la Contraloría», finalizó.
