En la Isla Grande de Chiloé, específicamente en la comuna de Castro, fue detenida Paulina Fernández, quien era sindicada como la presunta estafadora en el caso del Comité de Vivienda Los Pescadores S-16, quien quedó en prisión preventiva por un plazo de 100 días mientras dure la investigación. A la fecha van 790 familias estafadas según datos del Comité de Vivienda y sería sobre los 180 millones de pesos el monto defraudado.
Fue en enero cuando el municipio de Coquimbo había presentado una querella por la presunta estafa a más de 700 familias del Comité de Vivienda Los Pescadores S-16, por un monto que en aquel entonces alcanza los 180 millones de pesos.
Pero el caso se remonta a más de cinco años, cuando se formó el comité y los integrantes tenían que ir depositando dinero a la cuenta de la tesorera, Paulina Fernández, actualmente detenida, en donde empezó a crecer la bola de nieve.
Tras la querella, el Ministerio Público empezó a realizar las diligencias correspondientes para dar con el paradero de Fernández, que según habían informado las familias estafadas se encontraba en el sur del país.
Fue durante la mañana de este jueves que se confirmó su detención en la ciudad de Castro, información que fue confirmada por el fiscal Claudio Correa, jefe de Coquimbo, «la Fiscalía formalizó la investigación por la afectación a al menos 408 víctimas de Comité de Vivienda 16-S de Coquimbo».
De su situación, aclara que quedó en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad social y actualmente la Fiscalía continúa reuniendo medios de prueba que permitan avanzar en la investigación, que quedó fijada en un plazo de 100 días.
«Se va haciendo justicia»
Katherine La Rosa, vocera del comité de vivienda afectado, tras confirmarse la detención, señala que «eso quiere decir que sí es la estafadora, y que existen un montón de boucher de depósitos donde demuestran que se le depositó la plata a ella».
Del proceso, comenta que se remonta al 8 de enero, «el alcalde Alí Manouchehri, a través del área jurídica del municipio, junto al concejal Pablo Galleguillos y Sergio Lorca, que fueron los primeros que estuvieron ahí para poner la demanda, facilitaron el área jurídica, porque no era una demanda al municipio sino que era para la gente».
«Gracias al fiscal Adrián Vega logramos resultados muy rápidos, en tres meses, y para nosotros es una felicidad tremenda, porque tenemos más que claro que la justicia está al debe en esto, hubiéramos estado esperando tres o cuatro años sin tener resultados», agrega.
La vocera comenta que se va dando justicia, «siento que se están abriendo los caminos, estamos siendo escuchados y que las autoridades se están dando cuenta que nosotros no vamos a bajar los brazos, y que la gente tiene que hablar y no puede quedarse con sus problemáticas, siendo que pueden ser solucionadas por las autoridades».
«Queremos, además, que el presidente de este comité también sea investigado, porque los depósitos eran más a Paulina Fernández, pero sabemos que a él también se le depositaba plata», agrega.
Katherine La Rosa señala que, en el marco de la visita del Presidente, tenían la intención de entregarle una carta, «queremos que se entere de nuestra problemática y que se entere que estamos buscando soluciones, y que las autoridades se sienten con la mesa de diálogo, porque somos capaces de ayudar a dar soluciones en las viviendas sociales».
