Silvia Martínez, defensora pública interamericana, visitó la región para capacitar a estudiantes y académicos de la Universidad de La Serena sobre el funcionamiento del sistema interamericano.
La formación universitaria en derechos humanos resulta fundamental para mejorar los sistemas de justicia y preparar a profesionales más sensibles frente a las vulneraciones que afectan a las personas. Así lo planteó Silvia Edith Martínez, abogada argentina y defensora pública interamericana, quien visitó la región invitada por la Universidad de La Serena.
La profesional participó en una capacitación sobre el procedimiento del sistema interamericano, actividad vinculada con la nueva formación en Derechos Humanos que la casa de estudios incorporó este año a la carrera de Derecho.
“Es importante, porque la formación de los estudiantes en Derechos Humanos va a determinar luego mejores profesionales en los sistemas de justicia, profesionales más sensibles a la práctica de los derechos humanos”, explicó a Diario La Región.
Con más de 13 años de experiencia como defensora pública interamericana y también como defensora pública en lo criminal en la República Argentina, conoce de cerca el trabajo ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los casos que recuerda con mayor claridad es el de Poblete-Vilches vs. Chile en 2018, en la que se condenó al Estado por la muerte en 2001 de un adulto mayor de 76 años en el Hospital Sótero del Río.
“Viajé muchas veces a Chile, sobre todo a capacitaciones. Y en el marco de una de esas capacitaciones me designaron en ese caso. Después viajé al juicio, que se hizo en Panamá”, relató.
Representación gratuita
La figura del defensor público interamericano fue creada por la Corte Interamericana mediante una reforma reglamentaria aprobada en 2009 y que entró en vigencia al año siguiente.
“Es un cuerpo de abogados de toda América Latina, representantes de varios países, que tienen ese rol: actuar en forma gratuita representando a víctimas ante la Corte Interamericana”, explicó.
Desde esa labor, la profesional ha acompañado a víctimas de distintos países y en casos vinculados con diversas formas de vulneración de derechos. A su juicio, cada causa tiene una dimensión humana particular, especialmente porque generalmente llega a la instancia internacional después de largos años de trámites.
“Son víctimas muy golpeadas, porque si llegan al sistema interamericano es porque no encontraron justicia en su país. Llegan muy desilusionadas, golpeadas y lastimadas en su confianza en el sistema de justicia”, señaló.
En muchos casos –agregó- las personas concurren ante la Corte con la esperanza de ser escuchadas, más allá del resultado final del proceso.
Y para Martínez, participar en una audiencia internacional puede constituir, por sí mismo, una experiencia reparadora para las víctimas, “pues estar en una audiencia internacional con jueces de distintos países que las escuchan y se preocupan por su situación, ya es reparatorio”.
Nuevas vulneraciones llegan al sistema
Respecto de si los derechos humanos continúan siendo vulnerados en América Latina, fue categórica: “Sí, claro. Ningún país está libre de eso”.
Sin embargo, explicó que el tipo de casos que actualmente conoce la Corte Interamericana ha ido cambiando con el tiempo. En sus orígenes, el tribunal recibió principalmente causas relacionadas con masacres, genocidios y graves violaciones ocurridas durante períodos de violencia política y dictaduras.
“Desgraciadamente, nuestra historia está asignada por la violencia de manera que esos casos siguen llegando. Aunque en los últimos años ha empezado a conocerse casos como de derechos económicos, sociales y culturales, casos que tienen que ver con el derecho a la salud, a la estabilidad laboral”.
El retraso en la tramitación de las causas
Uno de los requisitos para acceder al sistema interamericano es haber agotado previamente los recursos disponibles en el país. Sin embargo, ese proceso puede extenderse durante años antes de que una denuncia llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A ello, se suma el volumen de casos que debe revisar la Comisión. De hecho, recuerda que en un momento el organismo llegó a acumular unas 5 mil peticiones en etapa de admisibilidad, antes de determinar si podían ser tramitadas.
“Y aunque se ha trabajado para mejorar el atraso procesal y se ordenó un poco el trabajo en la Comisión, todavía hay un atraso procesal muy significativo”, afirmó.
En cuanto a los países que concentran un mayor número de sentencias, mencionó a Argentina, Perú y Brasil. No obstante, advirtió que esa cifra no permite concluir automáticamente que en esos países se cometan más violaciones a los derechos humanos, “sino que hay abogados más entrenados para llevar casos al sistema”, explicó.
En su opinión, también existen países donde las vulneraciones no llegan a las instancias internacionales debido a la falta de profesionales preparados.
