El diésel podría subir cerca de $100 por litro y las gasolinas unos $39, según proyecciones de economistas. Jorge Aquea, presidente de Asiducam, advierte que el transporte enfrenta dificultades para traspasar el aumento de costos a los fletes.
Joaquín López Barraza
Un nuevo aumento en los precios de los combustibles se espera para el jueves 1 de octubre, con proyecciones que apuntan a una subida cercana a $39 por litro en las gasolinas y de unos $100 en el diésel. Las cifras corresponden a estimaciones de economistas y todavía pueden variar según el comportamiento del petróleo, el dólar y el Mepco.
El escenario llega después de la tercera alza consecutiva de septiembre, cuando las gasolinas aumentaron $35 por litro y el diésel otros $89. Con ese reajuste, el diésel acumuló un incremento de $214,9 en tres semanas.
Para el transporte de carga, el efecto se siente directamente en los costos de operación. Jorge Aquea, señala que el sector ya está siguiendo el próximo reajuste.
Explica que el aumento del combustible termina presionando directamente el valor que debe cobrar un transportista para realizar un servicio. Sin embargo, trasladar ese incremento al precio del flete no resulta sencillo.
Detalló que el costo de un traslado depende de distintos factores, entre ellos la distancia y las características de cada ruta, pero que el combustible representa una parte importante de los gastos que debe enfrentar un camionero.
Por eso, cuando el diésel vuelve a subir, el transportista queda frente a una dificultad: si aumenta sus tarifas para cubrir el mayor costo, puede perder competitividad frente a otros operadores; si mantiene el precio, debe absorber la diferencia.
Esta situación, dice, ya está ocurriendo con algunos generadores de carga, quienes cuestionan el valor de los servicios cuando los transportistas intentan ajustar sus tarifas.
También advierte que el problema no queda restringido al transporte de carga. Si aumenta el costo de mover productos por carretera, finalmente existe presión sobre los valores que paga el consumidor. «La consecuencia mayor es que si llega a aumentar la tarifa, ¿quién paga?.
