La autoridad regional analizó el complejo escenario de amenazas y defendió el uso de medidas correctivas, además de anunciar un despliegue en terreno para articular programas que acusan falta de ejecución desde 2024.
Por René Martínez Rojas
Los mensajes avisando eventuales ataques han acentuado el temor vivido después de que un alumno en una escuela de Calama asesinara a una inspectora y dejara a otros estudiantes heridos.
Una crisis que ha afectado a diversos recintos educativos a nivel nacional y que ha tenido un eco particular en la región de Coquimbo, a la fecha con más de 60 amenazas.
Frente a los recientes hechos, el seremi de Educación, Marcelo Salvo, lideró una mesa de trabajo con Carabineros y más de medio centenar de directivos de establecimientos de La Serena. El objetivo: unificar criterios y acelerar una respuesta institucional que, según la autoridad, arrastra años de desarticulación.
«Hay muchos establecimientos y unidades educativas que están atendiendo bien la situación, activando los protocolos que se han establecido. Ahora, todos estos protocolos bajan de la reglamentación interna y se van adecuando según sus propias realidades», señala.
Protocolos a la medida
Uno de los anuncios principales fue el proceso de actualización de los reglamentos internos.
«Estamos trabajando para que al mes de julio todas las unidades educativas tengan actualizados sus protocolos, incluyendo la nueva realidad que estamos viviendo», señaló.
Explicó que, si bien el Ministerio entrega lineamientos, cada unidad educativa tiene la autonomía para adecuar su reglamentación según su realidad local. Esto incluye la aplicación de la Ley Aula Segura, que faculta la expulsión de alumnos en casos graves.
«Cada unidad se da su propio reglamento y si establece la expulsión, lo puede hacer. Luego la Superintendencia revisa todos los procedimientos y si están en orden y se apegan a su reglamentación, lo respalda…», detalló.
Al ser consultado sobre la efectividad de sacar a los estudiantes del sistema, el seremi fue tajante: «Si usted me dice que una expulsión solucionará el problema, claramente no. Pero son medidas de reacción que ponen a salvo a la comunidad». Para la autoridad, la presencia de elementos que asisten al aula con objetivos ajenos a la formación escolar obliga al sistema a reaccionar de forma inmediata para proteger al resto de los alumnos y docentes.
Herramientas de control
Dentro de las medidas que se evalúan para controlar el ingreso de elementos prohibidos o drogas, Salvo no descartó el uso de detectores de metales u otras herramientas de control.
«La propuesta es que se entreguen más elementos a las unidades educativas para poder controlar la situación, pero no es la solución naturalmente. Pero si entregamos herramientas para que ellos puedan controlar el ingreso de elementos que puedan provocar daños, es lo que debemos hacer de momento», argumentó.
Asimismo, lanzó una crítica a la implementación de la ley de 2024, asegurando que hubo una inacción durante los años anteriores que impidió que programas como Escuela Segura estuvieran plenamente operativos hoy.
«De haber estado aplicada estaríamos mucho mejor preparados para la contingencia que estamos viviendo con amenazas, y del uso de droga dentro de los colegios. Seguramente estaríamos mejor avanzados», afirmó.
En cuanto a la hoja de ruta, reconoce que trabaja paralelamente y que su foco contempla llevar a la Seremi y a las direcciones provinciales directamente a los colegios, coordinando en conjunto con Junaeb, Integra y la Superintendencia.
«Hay muchas cosas que hacer y que están preparadas, pero no se bajan o bien, están desarticuladas por otros organismos. Se trata de sacarle provecho a todos los programas para activar a la comunidad en pos de la formación de los niños como individuos dentro de la sociedad», sostuvo.
