Por: René Martínez Rojas
Han sido semanas agitadas para la Defensoría Penal Pública. En el país y en La Serena, tras una serie de detenciones de jóvenes imputados en contextos escolares y universitarios.
«Mañana, tiroteo…», rezan en su mayoría los rayados en colegios y por los cuales, la policía e incluso el Ministerio Público, han tenido que activar protocolos de seguridad.
Sin embargo, para la abogada Paula Pérez Salinas, defensora especializada en adolescentes desde hace 20 años, estos procedimientos han estado marcados por irregularidades legales que han llevado a los magistrados a declarar la ilegalidad –por ende, su libertad inmediata- de las detenciones por no ajustarse a la normativa.
El foco ha estado puesto en dos casos recientes en La Serena: un universitario y estudiantes de enseñanza media, incluyendo el mediático caso del Colegio Adventista. En este último, la defensora es categórica: «No había flagrancia. Y Flagrancia, según nuestro Código Penal, es que existan ciertos requisitos de procedencia, en cuanto a que el delito se esté cometiendo, la persona huye del lugar… Y en esos casos no hubo flagrancia», cuenta la profesional.
Según explica, se realizaron diligencias que excedieron los términos legales para justificar una detención inmediata, lo que motivó el rechazo de los jueces.
El filtro legal
Uno de los argumentos centrales de la defensa radica en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 20.084.
«Existen normas especiales que dictan que, cuando se trata de delitos que no merecen penas privativas de libertad, solo procede la citación y no la detención. Y dentro de muchos de los otros argumentos, uno de ellos es que no procedía la detención, sino que bastaba con que se les citara para una nueva oportunidad por parte del Ministerio Público», explica.
Para la especialista, el tribunal, al declarar la ilegalidad, no necesariamente se pronuncia sobre la culpabilidad, sino sobre el hecho de que no se siguieron las reglas para privar de libertad a una persona. Entonces, afirma: «Han sido bastante irregulares, y claro, mucha presión mediática puede ser también».
No obstante, este aumento de procedimientos ilegales no solo se ha dado con los menores en el contexto de las amenazas en las escuelas, sino que también en un plano general.
«De un tiempo a esta parte han aumentado los procedimientos ilegales y todos los casos han quedado en libertad y sin medidas cautelares», porque para que pasaran a cautelares –advierte- tiene que haber otro tema: si existe delito o no, si está presente la presunción fundada de participación.
«Entonces existe otro análisis que debe hacer el juez al momento de declarar medidas cautelares y en estos casos no se han decretado».
Actuar con calma
Aunque también representa a adultos, es especializada en adolescentes y por eso dice que en general, los números de casos de hechos delictivos relacionados a jóvenes no coincide con la realidad.
«El porcentaje de adolescentes infractores de ley es bastante menor si se compara con adultos. Acá en La Serena somos ocho defensores y yo tengo concentradas todas las causas de adolescentes y no alcanzan a ser el 10% de las que tiene el universo actual de las causas de tramitación de imputados», aclara.
Sí acentúa que bien podría ser una sensación. Cuenta apenas un ejemplo: »cada vez que hay un menor de edad, la noticia dice: menor de edad ha cometido un delito, pero ese mismo delito puede estar cometido también por otros cinco adultos. Entonces no se hace mención que es uno contra cinco…».
