Darwin Cortés abordó los cuestionamientos de parlamentarios de oposición y destacó la necesidad de actualizar la protección de la libre circulación y del funcionamiento del transporte.
El seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, respaldó el proyecto que modifica la legislación antibarricadas y cuestionó que se descarte su necesidad por existir una norma vigente. La autoridad planteó que la discusión debe considerar tanto las limitaciones de la regulación actual como las consecuencias de los bloqueos para quienes dependen de las rutas y del transporte.
El artículo 268 del Código Penal contempla la interrupción completa de la circulación en la vía pública, bajo determinadas condiciones. La reforma busca ampliar ese alcance a obstrucciones parciales y al funcionamiento de servicios de transporte e infraestructura asociada.
“Que exista una ley no significa que cubra adecuadamente todas las situaciones. Un bloqueo puede dejar una parte de la vía abierta y aun así afectar seriamente el desplazamiento de las personas. También puede interrumpirse un servicio de transporte sin levantar una barricada en la calle. Por eso es necesario actualizar la regulación y establecer con claridad qué conductas corresponde sancionar. La oposición no puede usar el derecho a protestar para justificar que se bloqueen las calles”, afirmó Cortés.
El texto despachado por la Cámara contempla evaluar la afectación efectiva de la circulación, considerando factores como duración, intensidad, lugar y efectos de la conducta. También incorpora una excepción para el ejercicio legítimo del derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
“Nos parece tendencioso reducir esta discusión a una intención de criminalizar las demandas sociales. Las demandas deben escucharse, y el derecho a manifestarse debe resguardarse. Pero el Estado también tiene que proteger a quien necesita llegar a una atención médica, cumplir su jornada laboral o trasladar sus productos. En la Región de Coquimbo esos viajes conectan localidades y comunas. Su interrupción tiene consecuencias que también merecen una respuesta”, expresó el seremi.
El proyecto que modifica la Ley Antibarricadas es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y fue aprobado por la Cámara de Diputados el 23 de septiembre. Ahora continuará su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se debatirá el alcance de las disposiciones propuestas.
