En medio del conflicto vivido en la Escuela República de Italia, apoderados y funcionarios aseguran que la discusión no pasa solo por un cambio administrativo. En un escenario marcado por el aumento de la violencia escolar, el consumo de drogas y los problemas de convivencia, familias defienden un tipo de conducción que —afirman— logró devolver estabilidad a una comunidad golpeada por años de vulnerabilidad social.
Por Joaquín López
El pasado martes 19 de mayo, apoderados bloquearon momentáneamente el acceso a la Escuela República de Italia de Tierras Blancas para impedir el ingreso de una nueva directora designada mediante concurso. La situación obligó la presencia del SLEP Puerto Cordillera y de Carabineros, en medio de un conflicto que todavía continúa abierto.
Pero para parte importante de la comunidad escolar, la discusión no pasa únicamente por quién dirige el establecimiento.
«Los niños querían ir al colegio», resume Ana Rodríguez, presidenta del Centro General de Padres. Y esa frase aparece justo en medio de una realidad que hoy atraviesa a gran parte del sistema educativo chileno.
Durante los últimos años, los problemas de convivencia escolar se transformaron en el principal foco de conflicto dentro de los establecimientos del país. Solo en 2025, la Superintendencia de Educación recibió 22.680 denuncias ciudadanas, un aumento de 18,7% respecto al año anterior. Más de 17 mil estuvieron relacionadas directamente con convivencia escolar.
Dicho de otro modo, significa que en Chile se ingresaron cerca de 62 denuncias diarias relacionadas con problemas de convivencia dentro de colegios.
A eso se suma el avance de fenómenos cada vez más complejos dentro de las escuelas. El último estudio escolar de SENDA reveló que uno de cada cinco estudiantes declaró consumo de marihuana durante el último año y que cerca de uno de cada tres aseguró haber recibido ofrecimiento directo de drogas. Llevado a una sala de 40 alumnos, significa que aproximadamente ocho consumieron marihuana y que a cerca de doce se les ofreció droga al menos una vez durante el último año.
Y esto no habla únicamente de la Escuela República de Italia o de Tierras Blancas. Es una realidad que atraviesa a establecimientos de toda la Región de Coquimbo y del país, donde las escuelas comenzaron hace años a enfrentar problemas sociales mucho más complejos que los que existían hace dos o tres décadas.
Y es precisamente dentro de ese contexto donde parte de la comunidad de la Escuela República de Italia sitúa lo ocurrido en Tierras Blancas.
Rodríguez describe un establecimiento emplazado en un sector de alta vulnerabilidad social, marcado —según relata— por problemas de droga, violencia y deterioro de convivencia que terminaban impactando directamente a estudiantes y funcionarios. «Había niños que ya no querían venir», sostiene.
Por eso, explica, la llegada del director interino Luis Esteban Araya comenzó a generar cambios que la comunidad percibió rápidamente. Pero no únicamente desde la gestión administrativa.
Cuando la dirigenta habla de que «abrió las puertas a la comunidad», se refiere a una conducción mucho más presente dentro de la vida cotidiana del establecimiento: diálogo constante con apoderados, mediación de conflictos, mayor presencia en patios y acceso directo de las familias a la escuela.
«Tomó conversaciones que antes no se hacían y decisiones que antes no se atrevían a tomar», relata.
Según su testimonio, comenzaron a disminuir conflictos de convivencia, mejoró el ambiente entre funcionarios y aumentó la asistencia a clases.
«Los niños tenían ganas de venir porque había otra dinámica», comenta. La dirigenta incluso menciona problemas básicos de infraestructura que, asegura, llevaban años sin solución.
«Había salas sin vidrios, sin puertas», recuerda, señalando que durante los últimos meses comenzaron a abordarse necesidades que la comunidad sentía completamente normalizadas.
Para los apoderados, el conflicto terminó abriendo una discusión más profunda sobre qué tipo de liderazgo necesitan hoy las escuelas insertas en contextos complejos.
Porque aunque reconocen que el concurso se realizó mediante Alta Dirección Pública y no cuestionan la legalidad del proceso, sienten que las comunidades educativas siguen teniendo poca participación en decisiones que terminan impactando directamente la convivencia diaria dentro de los establecimientos.
«Todas las comunidades son distintas. Nuestra realidad requería esto», afirma Rodríguez.
Desde el SLEP Puerto Cordillera, en tanto, defendieron la legalidad del proceso y señalaron que la nueva directora cumplió con todos los estándares exigidos para asumir el cargo.
La directora subrogante del servicio, Caroline Harder Barrera, sostuvo además que el organismo continuará privilegiando el diálogo, aunque insistió en que el conflicto no puede afectar el acceso de los estudiantes a clases y alimentación.
Mientras el establecimiento retomó su funcionamiento normal tras la protesta, la discusión de fondo sigue instalada.
Y más allá de los concursos o los nombres, el caso terminó reflejando una tensión que hoy atraviesa a muchas comunidades escolares del país: cómo enfrentar problemas sociales cada vez más complejos con estructuras educativas que, para muchos apoderados y funcionarios, todavía siguen respondiendo a lógicas de otra época.
