Diputada señaló que los dichos de la autoridad fueron «apresuradas», toda vez que «existe una investigación en curso para determinar responsabilidades». Por lo mismo, ofició al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial para solicitar información respecto del procedimiento.
La muerte de un venezolano a manos de un Carabinero, hasta ahora en un confuso incidente, cuando éste supuestamente trataba de eludir el control y huir del lugar, ocurrió pocas semanas después de que se aprobara en el Parlamento una controvertida ley, criticada incluso por la ONU, que concede a las fuerzas de seguridad mayor libertad de acción en el uso de las armas reglamentarias y reduce la asunción de responsabilidades al eliminar el principio de proporcionalidad e introducir el polémico concepto de «legítima defensa privilegiada».
Tras el incidente, fue el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) quien ofició al Ministerio Público para que desarrollará una «investigación acuciosa», y ahora es la diputada Nathalie Castillo quien no quiso quedar al margen de lo ocurrido en la comuna puerto, especialmente después de las declaraciones del delegado presidencial Rubén Quezada, al afirmar que «Carabineros mantiene el uso de la fuerza para cumplir la Ley y actuar cuando su vida o la de terceros sea amenazada y para eso cuenta con el respaldo del Gobierno».
Para la diputada PC lo primero es que «desde la tramitación de esta ley y su rápida promulgación, siempre temimos su aplicación, específicamente del artículo 7, que habla de la legítima defensa privilegiada, el cual rechacé en la votación».
Explica que «esta postura siempre estuvo muy en la línea de lo que alertaron las organizaciones de Derechos Humanos, quienes desde el inicio señalaron que el proyecto (ahora ley) tiene como consecuencia la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos. En medio del debate de alto interés público por hechos delictivos, se construyó el relato que la normativa iba a dotar de más seguridad; pero lo cierto es que hubo aprovechamiento político de la derecha y sectores populistas que aprovecharon una situación de angustia para asegurar impunidad».
El Instituto de Derechos Humanos oficio al Ministerio Público y declaró que investigará el caso conforme a todos los convenios humanitarios vigentes, ¿ustedes pedirán hacer lo mismo?
«Nos parece una buena señal que el INDH se involucre en esta causa y todas las que correspondan en relación a la aplicación de la ley Naín-Retamal. Como autoridad fiscalizadora siempre esperamos que los procedimientos sean ajustados a los más altos estándares y respeto irrestricto a los derechos de las personas. Esperamos que este caso se esclarezca y para ello las instituciones deben funcionar bajo este enfoque».
¿Cómo toman la muerte del venezolano?
«Hemos estado siguiendo el caso del señor Nehoman Terán, y por lo mismo oficiamos al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial para solicitar información respecto del procedimiento. Hay testigos que han hecho llegar información donde se señala que no hubo intento de atropello a funcionarios policiales; sin embargo, esto es algo que debe investigar el Ministerio Publico, y por ello pediremos reunión con el Fiscal Regional (Adrián Vega) para que nos informe sobre esta causa y otras donde hay involucrados funcionarios de la institución».
¿Qué le parecieron las declaraciones del delegado presidencial tras la muerte de esta persona?
«Lamento decir que esas declaraciones fueron desacertadas, toda vez que existe una investigación en curso para determinar responsabilidades. En esto debe primar la cautela, el rigor y el enfoque de derechos. El Gobierno tiene una agenda de seguridad que avanza hacia mayor protección a las policías. No obstante, en casos como este, donde existe una muerte, confusión y conmoción pública, lo que corresponde es esperar lo que determine el Ministerio Público. El Estado en su conjunto requiere urgentemente de asesoría en materia de Derechos Humanos, puesto que estamos hablando de personas, hay familias detrás y es un hecho que está en una carpeta investigativa, así que fueron palabras muy apresuradas».
¿Hay preocupación respecto a que se podría entregar impunidad o manga ancha a Carabineros?
Sin duda hay una preocupación latente. Por ejemplo, hay causas del estallido social que se encuentran en proceso y que ya han anunciado apelaciones por ley Naín-Retamal, lo que es un revés en materia de Derechos Humanos. Por otra parte, el criterio de la defensa privilegiada abre una deliberación que puede instar a una práctica abusiva y que derive en impunidad, eso nos preocupa y alerta. Por ello esperamos que avance la discusión de las RUF (Reglas Uso de la Fuerza) que busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público, una iniciativa que la derecha hoy tiene frenada en la discusión legislativa»
