Dos mensajes, informes sobre la situación familiar y de salud de una imputada, además de antecedentes sobre programas financiados con recursos estatales y un análisis financiero de Vital Medical SpA protagonizaron una jornada que abrió la etapa de prueba de los abogados defensores y anticipa las fases finales de la causa.
Por: Valentina Echeverría O.
La incorporación de correos electrónicos entre dos de los imputados, la presentación de peritajes sociales y administrativos, además de un análisis financiero sobre la empresa Vital Medical SpA marcaron una nueva jornada del juicio oral por el presunto fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. La audiencia estuvo además marcada por el cierre de la prueba del Ministerio Público y el inicio de la etapa probatoria de las defensas, que buscaron respaldar sus tesis mediante testigos y peritos especializados.
Correos
electrónicos
Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió durante la incorporación de correos electrónicos intercambiados entre Nicole Cadena y Cristian Muñoz, documentos que forman parte de la prueba documental presentada por la Fiscalía.
Entre ellos, se leyó un correo con asunto Detalle de la factura enviado por Muñoz a Cadena en marzo de 2016, en el que señala: «Panchi, la factura ficticia es de $1.345.000 netos, IVA $255.550, total $1.600.550».
Posteriormente, se incorporó otro correo enviado por Cadena en diciembre de 2017 a Muñoz. En el mensaje, la entonces coordinadora del Departamento de Salud escribió: «Cris, mira, tengo esta planilla para rendir los $3 millones, pero falta. Debemos tirar alguna del Panchi o de la Chichi porque hemos hecho mucho traslado y coffe, manda alguna que cuadre con el monto y ahí yo lleno los datos».
Ambos antecedentes fueron incorporados como parte de la prueba documental que la Fiscalía busca utilizar para sustentar su acusación.
Informes sociales
y recursos públicos
Durante la tarde también declaró la asistente social María Paulina Bordones, perito presentada por la defensa de Bélgica Guerra. La profesional expuso un informe social elaborado a partir de entrevistas realizadas a la imputada y a integrantes de su núcleo familiar.
En sus conclusiones, Bordones sostuvo que Guerra mantiene arraigo familiar, social y laboral, destacando el rol que cumple en el cuidado de sus padres adultos mayores, además de una trayectoria laboral estable y una condición de salud que requiere seguimiento médico permanente.
La perito señaló además que la acusada cuenta con una oferta laboral para reincorporarse a un centro médico donde trabajó tras dejar la Corporación Gabriel González Videla, elemento que consideró relevante dentro de los factores de integración social observados durante la evaluación.
Asimismo, Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud Coquimbo, fue llamado a declarar por la defensa de Nicole Cadena y Cristian Muñoz para explicar el funcionamiento de los convenios suscritos entre el organismo y la corporación.
Durante su declaración sostuvo que las rendiciones debían acreditar tanto el uso de los recursos transferidos como la ejecución efectiva de las prestaciones comprometidas, indicando que «tiene que haber concordancia entre las actividades desarrolladas y los profesionales que las ejercieron».
No obstante, durante el contrainterrogatorio de la Fiscalía, Jorquera confirmó que los recursos transferidos a través de estos convenios correspondían a fondos públicos destinados a la atención primaria de salud.
Asimismo, explicó que el Servicio de Salud Coquimbo actuaba como intermediario en la distribución de los recursos provenientes de Fonasa hacia los municipios, los que posteriormente eran ejecutados por las corporaciones encargadas de la administración de los recintos de salud.
Vital Medical bajo análisis
En el cierre de la jornada se hizo presente la declaración del abogado tributarista Milenko Zurita, perito presentado por la defensa de Nicole Cadena y Cristian Muñoz, quien expuso un informe sobre la empresa Vital Medical SpA, sociedad vinculada a uno de los acusados y que ha sido mencionada durante la investigación por presunto lavado de activos.
Durante su exposición, Zurita sostuvo que los ingresos declarados por la empresa eran consistentes con su actividad económica, desechando la posibilidad de que se mezclaran dineros lícitos con ilícitos. Según explicó, las ventas pasaron de $203 millones en 2020 a $1.888 millones en 2021 y $2.332 millones en 2022, acumulando cerca de $4.500 millones en ingresos durante ese período, considerando que sus clientes eran grandes empresas tales como Fonasa.
El profesional afirmó además que Vital Medical emitió cerca de 50 mil documentos tributarios entre 2019 y 2023, entre boletas y facturas electrónicas, y que el crecimiento de los ingresos estuvo acompañado por un aumento proporcional en gastos operacionales, contratación de personal, insumos médicos y servicios asociados a la actividad de salud.
