Cansados de un problema que se arrastra desde hace unos años, apoderados y alumnos se manifestaron por deficiencias al interior del establecimiento. Iniciaron una movilización durante este jueves y marcharon hasta la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc) para denunciar tales irregularidades.
Los padres señalan que el colegio vive en absoluto desorden, con una mala gestión, en donde se han despedido funcionarios y profesores de amplia trayectoria, han cambiado arbitrariamente docentes, se ha cambiado cinco veces el horario en lo que va de clases este año; en realidad una serie de deficiencias en el ámbito académico, sumado al déficit de infraestructura y los administrativos.
La presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Erika Rojas, manifestó que «hay profesores que no han sido reemplazados, faltan inspectores de patio (…) no están entregando el documento para accidentes escolares. El director no da la cara, tuvimos una asamblea en donde se le citó al director y al sostenedor y no dio una solución».
Agregó que el director ha sido irresponsable e indolente ante las molestias de los apoderados, «aquí el sostenedor tiene que asumir el rol que le corresponde de acuerdo a la ley y nosotros acudimos al ministerio».
Una apoderada, Roxana Videla Bonilla, señaló que «yo puse a mi hija en un colegio que dice que es experimental de música, y dónde está el arte acá, si mi hija no va a ser otra cosa, va a ser artista, yo quiero que mi hija tenga la oportunidad».
Analizarán el caso
Luego de estar alrededor de dos horas reunidos, el director regional de la Superintendencia de Educación, Alfredo Villagrán, junto al Centro de Padres y Apoderados y el Centro de Alumnos, estos últimos interpusieron una denuncia en el organismo contra el establecimiento, de modo que se pronuncie la Fundación de la cual depende el colegio.
La Escuela de Música Jorge Peña Hen es parte de la Fundación Universidad de La Serena, perteneciente a la casa de estudios, en donde su presidente es el rector de la ULS, Nibaldo Avilés, de quien señalan que «está más preocupado de la acreditación de la universidad que del colegio».
El director regional de la Superintendencia, Alfredo Villagrán, señaló tras el encuentro que «hay varios aspectos pedagógicos y de infraestructura que han denunciado, y en ese contexto vamos a iniciar un proceso de fiscalización para determinar la efectividad de estas denuncias (…) habíamos tenido una conversación previa en el mes de enero y ahora ellos están aportando los antecedentes».
Una vez que el sostenedor (en este caso la Fundación) recibe la denuncia, tiene cinco días hábiles para «evacuar todos los descargos» y hacer presente en la Superintendencia cuáles son sus observaciones, y dependiendo de esto, la institución del Estado verá si es viable iniciar un proceso administrativo o no.
