El colegiado explica que una de sus motivaciones para hacerse parte en la causa del Papaya Gate mediante una querella, es para saber qué fue lo que ocurrió al interior del municipio de La Serena al momento en que se formuló el proyecto del centro deportivo en San Ramón. Por otra parte, el polémico caso sigue sin formalizados.
En agosto de 2020, la Contraloría General de la República determinó realizar un sumario en la ex Intendencia de Coquimbo, ahora Gobierno Regional, por la compra de terrenos en el sector El Milagro, en La Serena, por más de 9.800 millones de pesos, aunque su valor comercial bordeada los $ 4.500 millones, con la idea de hacer un complejo deportivo.
Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía de Valparaíso, donde iniciaron una investigación por presunto fraude al fisco, que terminó con la renuncia de la entonces intendenta Lucía Pinto Ramírez (UDI) en septiembre de ese año, caso que ha sido mediáticamente conocido como el Papaya Gate.
En ese contexto, el concejal de La Serena Camilo Araya presentó una querella contra los responsables en el delito de presunto fraude al fisco, donde ya se han sumado otros actores, como el senador Daniel Núñez, el Consejo de Defensa del Estado y últimamente el Servicio de Impuestos Internos, en contra de distintos empresarios de la zona.
En cuanto a sus motivaciones, Araya explica que «interpusimos una querella criminal para hacernos parte por el delito de fraude al fisco, en contra de quienes, incumpliendo dolosamente los deberes de sus cargos, habrían realizado múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relación al valor real del terreno, su adquisición».
«Lo anterior omitiendo, además, sucesivas y categóricas objeciones de la Contraloría Regional de Coquimbo y su negativa a tomar razón en cuatro oportunidades del contrato de compraventa presentado por el GORE para dicho fin», añade.
Araya recalca que «como concejal de la comuna en que ocurren estos hechos, debemos saber que ocurrió en este caso para que ello no vuelva a ocurrir. Todos somos responsables de exigirnos autoridades honestas para desarrollar nuestra comuna y el país».
«El Trato Directo es una excepcionalidad de contratación, no la regla general de algunos alcaldes u otras o autoridades, para hacer ricos a sus familiares y amigos con este tipo de contrataciones millonarias», añade.
Puntualiza en que «los recursos públicos nos pertenecen a todas y a todos, por eso estamos obligados a cuidarlos y fiscalizar su buen uso».
Detalles de
la querella
LA REGIÓN tuvo acceso a la querella presentada por el concejal, en donde se desprende que «evidentemente, hay una cosa importante a tener en cuenta, la cual es que se produce un cambio en el uso de suelo a consecuencia del cambio del instrumento de planificación territorial; sin embargo, dicho cambio es instado por las propias autoridades, es decir, el cambio y el momento en que este se realiza dependerá de las autoridades que lo llevan adelante. Entonces se paga un precio como si el terreno ya hubiese tenido la calidad necesaria para emplazar allí el equipamiento hospitalario, lo que también es discutible».
«Posteriormente hubo una segunda representación y ya no estaba justificado el trato directo. De manera que, en coherencia con eso, se señala nuevamente que no estaba suficientemente justificada la decisión que optó por el trato directo y no por la licitación pública, máxime si uno considera que la propia seremi había recomendado que se realizase una licitación pública».
En la querella además se afirma que «si bien en esa segunda representación una de las razones está en ese fundamento y se vuelve a cuestionar el precio, también se cuestiona que se suscribe la compraventa, se inscribe en el Conservador, enseguida se produce la transferencia del dominio y por tanto luego se paga el precio antes de que hubiese pasado por el trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República».
Por otro lado, el concejal argumenta en su querella que «se concluye que bajo la comprensión del fraude al fisco como un delito de administración desleal, es enteramente irrelevante que en determinados casos el funcionario que en razón de su cargo interviene en una operación que compromete el patrimonio público pueda valerse de una maniobra constitutiva de o cercana a un engaño».
