El recién pasado 20 de abril, en Punitaqui, Marco Campusano (7) perdió la vida luego que sufriera una brutal golpiza por parte de la mujer que el tribunal determinó debía cuidarlo. Hoy, Claudia Briones, la verdadera madre de Marquitos, clama por justicia y a su vez inicia acciones legales para poder tener de nuevo a su hijo menor, Fernando, hermano de Marco, quien, según afirma, se encuentra con la familia de la victimaria, «corriendo peligro».
Hace exactamente cuatro meses, la región despertaba con una de las noticias más trágicas de los últimos años. Las informaciones que llegaban desde Punitaqui, Provincia de Limarí, desgarraron el corazón de prácticamente todo el país. Nos enterábamos del parricidio del pequeño Tomás Campusano, de solamente siete años. El delito era cometido por quien en ese momento todos pensaban era su madre biológica, Javiera Cabrera, hoy formalizada y en prisión preventiva luego que confesara su macabro crimen.
UN RELATO ESTREMECEDOR
Los hechos que se narraron en el control de detención y la posterior formalización fueron estremecedores. Según la descripción entregada en el tribunal, todo se habría iniciado el día 20, pasadas las 15 horas, cuando la imputada se encontraba sola con sus dos pequeños hijos (adoptivos) Marcos (7) y Fernando (5) al interior de su casa. «De la nada» la mujer habría comenzado a agredir «con múltiples y fuertes golpes al niño de 7 años, utilizando elementos contundentes, tales como cinturones, una cuchara de madera, golpes de pies y manos en distintas partes del cuerpo».
No se sabe qué ocurrió con certeza en el lapso hasta las 20:00 horas, en las que la presunta autora del crimen llamó a su esposo, que iba viajando a su trabajo, para pedirle auxilio debido a que Marco «al parecer había tragado agua y se estaba ahogando, y había vomitado».
Tras este llamado todos se pusieron en alerta, la abuela del pequeño se trasladó hasta el domicilio al que posteriormente también llegó el padre, pero ya era demasiado tarde. Los golpes que había recibido el niño terminarían siendo letales. Pese a que la propia madrastra llamó al 133 de Carabineros, donde solicitó una ambulancia diciendo explícitamente: «Parece que lo maté», para luego cortar la comunicación, y sólo 10 minutos más tarde la propia familia (adoptiva) de la víctima llegó al Cesfam de Punitaqui, el personal médico nada pudo hacer para reanimarlo, ya que el pequeño estaba fallecido. A solo metros de distancia, la victimaria confesaba los hechos, aunque con matices.
El resto de la historia se conoce. Carabineros procede a la detención de la mujer, trasladándola a la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle y paralelamente se da cuenta de la situación al Fiscal, quien instruye que se dirijan y resguarden el sitio del suceso, y determina necesaria la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal.
MESES DE DOLOR Y LUCHA
Posteriormente el hijo menor, Fernando (5), fue entregado al padre (adoptivo) de Marco, lo que ahora es visto con temor por la familia biológica de ambos niños, que hoy abogan por justicia, y tras cuatro meses continúan denunciando irregularidades en el proceso que terminó quitándoles tanto al fallecido Marquitos, como a su hermano. Así lo consigna la madre, Claudia Briones, quien en conversación con Diario La Región expresó que cada día que transcurre el dolor se hace más intenso. «Lo que pasa es que aquí fue muy injusto, muy irregular todo lo que ocurrió y que terminó con mi hijo asesinado. Ni Marco ni Fernando jamás debieron haber sido alejados de mi lado. A mí me los quitaron, los dieron en adopción, y yo, la madre, ni siquiera me enteré», precisa Claudia.
Y claro, ocurre que hace cuatro años, debido a problemas que Claudia tuvo por un consumo abusivo de drogas, debió ingresar a un programa de rehabilitación en Quillota, pero, según relata, siempre con sus dos hijos, hasta que, ya terminando su proceso, el tribunal dictaminó que los niños debían abandonar el hogar por haber cumplido la edad límite, pero iban a ser trasladados a otro centro de protección hasta que ella saliera. «Ahí yo continué con las visitas hasta que terminé mi rehabilitación, para recuperarlos. Pero un día fui y no había nadie en el hogar, tampoco me contestaban los llamados, entonces yo entré en desesperación, porque no sabía dónde estaban. Y hasta ahora, con lo que ocurrió con Marquito, recién me enteré de dónde estaban, y que los habían dado en adopción», relata la madre.
«NADIE NOS PREGUNTÓ»
Claudia, acompañada de su familia y asesorada por sus abogados, manifiesta que «nadie, ni el Sename ni el tribunal tenía el derecho de quitarme a mis pequeños. Yo hice lo que tenía que hacer, me rehabilité, pero ¿para qué? Si al final me mataron a mi hijo, y me lo quitaron», cuestiona.
Y agrega que están trabajando en dos procesos judiciales distintos, uno tendiente a esclarecer y determinar la responsabilidad de quienes, sin su consentimiento, dieron en adopción a sus hijos, y el otro para recuperar al menor de cinco años que aún vive con el padrastro.
«Lo que nos han dicho los abogados, y de lo que yo tengo el convencimiento también, es que se hizo todo en las sombras, porque en dos meses le entregaron los niños a esta gente. Yo me pregunto, bajo qué criterio y evaluación. Eso es una cosa, y también quiero recuperar a mi hijo pequeño, Fernando, porque está con el padrastro, el mismo tipo que vio cómo la mujer castigaba a los niños antes y no hizo nada. Él es cómplice y mi hijo no puede seguir ahí», aseveró.
SITUACIÓN LEGAL
DE LA MADRASTRA
Respecto a la situación de Javiera Cabrera, presunta autora del crimen, continúa en prisión preventiva luego que se ampliara el plazo de investigación por 90 días más tras la audiencia del 23 de julio llevada a cabo en el juzgado de Garantía de Ovalle.
ROL DEL SENAME Y EL TRIBUNAL
– Cabe consignar que desde el Sename ya han señalado que los Juicios de Susceptibilidad de Adopción los realizan exclusivamente los Tribunales de Familia, y el juez puede solicitar informes y a distintas instituciones para tomar su decisión, no sólo al Servicio Nacional de Menores.
– Respecto al caso en específico, no pueden develar ninguna información. Esto de acuerdo a la Ley de Adopción vigente N°19.620, en los artículos 28, 39 y 40, donde se explicita la prohibición.
